Se ha publicado en el DOGC, con fecha 2 de junio de 2016, el Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública [2], cuyo ámbito de aplicación abarca los contratos del sector público (sujetos y no sujetos a regulación armonizada) que tramiten los poderes adjudicadores de la Generalitat de Cataluña y su sector público y los entes locales de Cataluña y su sector público.

Incluye, entre otras, medidas relativas a la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos de capacidad y solvencia, a la división en lotes del objeto de los contratos, a la utilización del procedimiento negociado y a la modificación de los contratos, así como medidas de la gestión eficiente en la tramitación de los procedimientos abiertos.

El Decreto Ley tiene por objeto establecer medidas en relación a la aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

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