Con motivo de los últimos acontecimientos sucedidos en Cataluña, las Juntas de Gobierno y Presidentes del Colegio de Arquitectos de Cataluña, el Consejo de Colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Cataluña, la Asociación de Profesionales TIC, la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación, el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Cataluña se adhieren al comunicado del Consejo de la Abogacía Catalana, emitido el pasado 26 de marzo de 2018.

El manifiesto sostiene que:
El Derecho constituye una de las expresiones esenciales de nuestra convivencia y tenemos la responsabilidad de velar para que responda a los valores de Justicia, Igualdad y Dignidad para la ciudadanía, valores éticos y fundamentales que están inspirados en el respeto y la aplicación de los Derechos Humanos.

Las Decanas y Decanos de los Colegios de la Abogacía de Cataluña estamos convencidos de que hay que dar una oportunidad al Derecho. Para hacerlo posible se debe respetar la presunción de inocencia, garantizar el ejercicio del derecho de defensa de todas las personas procesadas y permitir, de conformidad a la reciente medida cautelar dictada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que los políticos elegidos por la sociedad, puedan ejercer sus legítimos derechos civiles de representatividad política, por respeto a ellos mismos ya los que les han votado, pues de otro modo quedaría seriamente cuestionado el art. 23.1 de la Constitución Española.

La magistratura ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de nuestra democracia, y así debe seguir siendo. Observamos, sin embargo, que algunas de las recientes decisiones del Tribunal Supremo han merecido serias dudas y reproches desde instituciones garantes de la defensa de los Derechos Humanos y de operadores jurídicos independientes, lo que merece una reflexión seria, con especial cuidado de dejar sin efecto las que se han producido y que no se vuelvan a reproducir en decisiones futuras. Así, una vez más, pedimos que la política deje de ser judicializada y que nadie haga un uso o abuso del Derecho que divida a la sociedad y no ayude a la convivencia, y una solución generosa y pacífica del problema, objetivo último que todos compartimos.

En la línea de la jurisprudencia de los propios Tribunales Españoles, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la doctrina jurídica más consolidada, creemos, pues, que la prisión provisional debe ser una medida restrictiva y excepcional, y tratada con especial cuidado en la medida que no pueda ser considerada un abuso o adelantarse a un juicio aún pendiente, ni tampoco puede limitar derechos fundamentales civiles.

Dentro de este marco jurídico, creemos que la medida de prisión acordada es inconveniente y desproporcionada. El respeto que tenemos a toda resolución judicial no excluye una opinión crítica sobre su contenido y así, creemos que en el presente caso no se dan los supuestos para aplicarla, máximo cuando los investigados han cumplido con los requerimientos judiciales de los que han sido objeto en el curso del procedimiento. Esto es especialmente claro en el caso de los cinco últimos encarcelados, respecto a los que nada ha cambiado desde las anteriores decisiones que los dejaban en libertad, como tampoco se ha individualizado ningún argumento respecto cada uno de ellos que permita privarlos de tan fundamental derecho.

En línea con una parte importante y calificada de la doctrina científica de nuestro país, y de fuera, afirmamos que sin violencia no hay rebelión y las dudas tanto materiales como jurídicos sobre su existencia no podrían articularse en contra de los investigados.

Emplazamos a nuestros representantes políticos para que empleen todos sus esfuerzos, recursos e inteligencia en el logro de acuerdos que permitan superar el conflicto con una mirada elevada que, en el respeto a las leyes y sin unilateralidades, tenga en consideración los intereses colectivos que todos compartimos, con independencia de las diversas opciones políticas.

Un pueblo que se esfuerza por convivir en paz, que practica los valores de la solidaridad y pone la libertad por delante de toda fórmula de convivencia, merece una respuesta de calidad que, en este caso, sólo la política -y no la justicia- le puede proporcionar.

Representantes de las Juntas de Gobierno y Presidentes del Colegio de Arquitectos de Cataluña, el Consejo de Colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Cataluña, la Asociación de Profesionales TIC, la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación, el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Cataluña.

Para más información: Consell de l'Advocacia Catalana.