LA ASIGNACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN ANDORRA
Si bien la necesidad de vivienda social en Andorra nos lleva a pensar en un oxímoron, no lo es tanto cuando en el Principado se ha llegado a los 25 €/m2 de precio medio de alquiler, y a los 6.000 €/m2 en el caso de compra, valores por encima de las cifras de Barcelona y Madrid.
Es cierto que hay que contextualizar estos precios, con los valores de salarios en el país, siendo el medio de 2.550,00 €, el mínimo 1.450,00 €, aunque el salario más habitual 1.950,00 €.
Esta situación, en la cual los salarios no acompañan las subidas de los precios de la vivienda, similar a la de países vecinos, ha llevado al “Govern de Andorra”, como a los “Comuns” de las 7 parroquias (Ayuntamientos), a promover políticas de acceso a viviendas asequibles que favorezcan el aumento de oferta (tanto de alquiler como venta), intentando forzar a la baja los actuales precios de mercado.
Entre otras actuaciones (por ejemplo el controvertido Proyecto de Ley para el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda, más conocida como Lei Ómnibus, por su contenido transversal), se ha creado el Registro de Solicitantes de Vivienda de Precio Asequible, el cual se utilizará para adjudicar viviendas promovidas por la administración pública a quienes presenten dificultades de acceso al mercado según su situación familiar, económica, de dependencia u otras que se estimen desde los servicios sociales.
Además de estas viviendas promovidas, hemos de mencionar que desde algunos grupos del arco parlamentario se ha lanzado la idea, sin mucho apoyo aún, de ofrecer “unidades habitacionales” (que no viviendas), construcciones prefabricadas modulares tipo tiny homes de aproximadamente 20 – 25 m2 como solución al problema tanto para usuarios individuales como para parejas o unidades familiares. Recordamos que la superficie mínima para que un inmueble se considere habitable en Andorra, es de 40 m2 útiles para una vivienda completa y de 30 m2 para una reducida, y que la transmitáncia máxima es de 0.09 W/(m2.K), difícil de conseguir en una vivienda modular.
Ciertamente, el objetivo no confesado de éstas “unidades habitacionales” son los trabajadores temporeros, aquellos que cuentan con permiso de trabajo únicamente por una temporada de 6 meses (antes sólo invierno, actualmente también verano debido al cambio de oferta turística por la paulatina pérdida de nieve), los cuales son unas 5.000 personas cada temporada, en un país de 80.000 residentes.
A pesar de la poca disponibilidad de terreno público (por tamaño y orografía), en éstos últimos tres años se han llevado a cabo promociones públicas, previéndose que el parque público de alquiler (en esta etapa no está prevista la propiedad de los pisos por parte de los beneficiarios) llegue a 300 unidades a finales de 2025, sea por rehabilitación de edificios en desuso (en su origen plurifamiliares o instalaciones hoteleras) o de obra nueva. Si bien ésta cifra puede ser baja, para un promedio de 3 personas por vivienda, se ha de pensar que 900 personas representan un poco más del 1% de la población residente.
Los requisitos para acceder al parque público de viviendas social en Andorra, que actualmente deben cumplir los candidatos, son los siguientes:
-. todos los miembros mayores de edad del núcleo familiar han de tener más de 5 años de residencia legal permanente e ininterrumpida en el principado (nota: en los últimos 5 años la población ha pasado de 76.000 a 81.000 habitantes, un aumento del 6.6%)
-.se debe justificar la necesidad de la vivienda: ningún miembro de la unidad familiar puede ser propietario de una vivienda, en Andorra o en el extranjero, sea en propiedad absoluta o compartida al momento de solicitar el acceso al parque público.
Este punto es de difícil comprobación por parte de la administración, ya que en Andorra no existe Registro de la Propiedad público (éste es uno de los puntos que corrige la Lei Ómnibus) y disponer de datos en otros países no es tarea fácil. Hay que recordar que en el Principado, de los 81.000 habitantes, más de 50.000 son extranjeros (principalmente españoles, portugueses, franceses, argentinos, …), por lo tanto, no es difícil que dispongan de vivienda en el extranjero.
-. destinar actualmente más del 30% de sus ingresos al pago de la renta en la vivienda que viven actualmente; excepto: los menores de 35 años que no dispongan de contrato de arrendamiento y que se quieran emancipar del núcleo familiar, las personas que estén en proceso de separación legal y no continúen en la vivienda familiar, así como quienes alquilan habitaciones o estén actualmente acogidas en una residencia pública.
-. también computa tener condición de discapacitado con movilidad reducida permanente y la vivienda que se usufructúa se ubica en un edificio que no cumple los requisitos mínimos vigentes de accesibilidad, y no sea posible eliminar las barreras físicas arquitectónicas que dificultan su desplazamiento.
-. tener ingresos mínimos anuales brutos superiores al salario mínimo interprofesional vigente (17.367,96 €) y menores a 2,2 veces el salario mínimo (38.209,51 €), contando todos los ingresos del núcleo familiar. En caso de tener 2 o más hijos menores a cargo, se incrementa el tope máximo a 2,5 veces el sueldo mínimo o smi (43.419,99 €). Las personas mayores de 65 años, según su situación en la seguridad social, quedan exentas de cumplir este requisito.
-. el patrimonio del núcleo familiar no debe sobrepasar la cantidad de 4 veces el smi anual (69.471,84 €)
-. No tener deudas con la administración pública
Sin embargo, a pesar de la dificultad real de acceso a la vivienda, y a la relativa facilidad de los requisitos, algunas promociones del parque público no encuentran ocupantes, poniendo en crisis las operaciones realizadas, así como las bases conceptuales que han impulsado (tardíamente, hay que decirlo) las políticas adoptadas.
Varios son los motivos aducidos por los beneficiarios para renunciar a los pisos que les han adjudicado, desde la dificultad de transporte (las viviendas no se ubican en las parroquias centrales o bajas, con la consiguiente dificultad de desplazamiento en invierno), a la falta de equipamiento de los pisos (si bien se entregan sin electrodomésticos o mobiliario completo de cocina, sí que cumplen la normativa de habitabilidad mínima, similar a la de Catalunya), o el precio (los cuales rondan de los 400 a 800 euros mensuales, si bien no son altos, para una familia monoparental con hijos y un salario mínimo, pueden llegar a ser precios difíciles de asumir).
También juega en contra que actualmente los contratos vigentes de alquiler, firmados desde el año 2019, debido a las medidas implementadas en la emergencia COVID, tienen el precio congelado, las subidas anuales topeadas, y se prorroga la finalización del contrato hasta 2027 (cuando la duración contractual normal es de 5 años, similar a la LAU española). El problema real se espera justamente ese año, cuando converjan rescisión de contratos, liberación y actualización de precios y las viviendas promovidas asequibles no sean suficientes. Recordemos que Andorra vive un proceso de gentrificación, ya no sólo urbano, si no a nivel país, y la llegada de personas es constante.
Uno de las razones para renunciar que hemos mencionado, se supone (al renunciar no se explican las razones exactas, o éstas no se han publicado) es el transporte, el cual es fundamental en un país que, si bien cuenta con un sistema de transporte público urbano y suburbano gratuito para los residentes, éste no cubre de manera suficiente los horarios nocturnos, o los desplazamientos entre parroquias, habiéndose priorizado las rutas entre capital y parroquias, pero no la comunicación entre las distintas parroquias, por lo cual se entiende es uno de los escollos a salvar.
Es emblemático el caso del edificio de Sant Joan de Caselles, ubicado en la Carretera General 2, que ya en dos oportunidades ha debido reabrir la llamada a beneficiarios, porque quienes resultaban adjudicatarios, renunciaban una vez analizaban la situación y características del edificio y de los pisos.
A efectos de solventar la falta de candidatos, se han ido rebajando algunos de los requisitos. La relativa falta de éxito que han tenido los pisos asequibles contrasta con la oferta real del mercado de alquiler: en los portales inmobiliarios en esta segunda semana de julio no encontramos más 370 viviendas de alquiler en todo el Principado según Idealista, o 270 unidades en Fotocasa, y en la capital no hay más de 60 viviendas disponibles para alquilar, cuando la población aumenta a un ritmo de 2 mil personas al año.
A la larga, la principal perjudicada ha sido la Seu d’Urgell, a 30 minutos de la capital de Andorra, declarada zona tensionada el 2023 por parte de la Generalitat de Catalunya, al incrementar más de un 30% el valor de los alquileres, debido al constante trasvase de inquilinos residentes en Andorra que no pueden cubrir un alquiler que aún no ha tocado techo.
Alejandro Suarez Ceretti, arquitecto. Corresponsal del COAC en Andorra. Julio 2025
L'ASSIGNACIÓ D'HABITATGE SOCIAL A ANDORRA
Si bé la necessitat d'habitatge social a Andorra ens porta a pensar en un oxímoron, no ho és tant quan al Principat s'ha arribat als 25 €/m² de preu mitjà de lloguer, i als 6.000 €/m² en el cas de compra, valors per sobre de les xifres de Barcelona i Madrid.
És cert que cal contextualitzar aquests preus, amb els valors de sous al país, sent el mitjà de 2.550,00 €, el mínim 1.450,00 €, encara que el salari més habitual és de 1.950,00 €.
Aquesta situació, en la qual els salaris no acompanyen les pujades dels preus de l'habitatge, similar a la de països veïns, ha portat al Govern d'Andorra, com als Comuns de les 7 parròquies (Ajuntaments), a promoure polítiques d'accés a habitatges assequibles que afavoreixin l'augment d'oferta (tant de lloguer com venda), intentant forçar a la baixa els actuals preus de mercat.
Entre altres actuacions (per exemple el controvertit Projecte de Llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, més coneguda com a Llei Òmnibus, pel seu contingut transversal), s'ha creat el Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Preu Assequible, el qual s'utilitzarà per a adjudicar habitatges promoguts per l'administració pública als qui presentin dificultats d'accés al mercat segons la seva situació familiar, econòmica, de dependència o altres que s'estimin des dels serveis socials.
A més d'aquests habitatges promoguts, hem d'esmentar que des d’alguns grups de l'arc parlamentari s'ha llançat la idea, sense massa suport encara, d'oferir “unitats residencials” (que no habitatges), construccions prefabricades modulars tipus “tiny homes” d'aproximadament 20 – 25 m² com a solució al problema tant per a usuaris individuals com per a parelles o unitats familiars. Recordem que la superfície mínima perquè un immoble es consideri habitable a Andorra, és de 40 m² útils per a un habitatge complet i de 30 m² per un de reduït, i que la transmitància màxima és de 0.09 W/(m².K), difícil d'aconseguir en un habitatge modular.
Certament, l'objectiu no confessat d'aquestes “unitats residencials” són els treballadors temporers, aquells que compten amb permís de treball únicament per una temporada de 6 mesos (anteriorment només hivern, actualment també estiu a causa del canvi d'oferta turística per la gradual pèrdua de neu), els quals són unes 5.000 persones cada temporada, en un país de 80.000 residents.
Malgrat la poca disponibilitat de terreny públic (per dimensió i orografia), en aquests últims tres anys s'han dut a terme promocions públiques, preveient-se que el parc públic de lloguer (en aquesta etapa no està prevista la propietat dels pisos per part dels beneficiaris) arribi a 300 unitats a la fi de 2025, sigui per rehabilitació d'edificis en desús (a l'origen plurifamiliars o instal·lacions hoteleres) o d'obra nova. Si bé aquesta xifra pot ser baixa, per a una mitjana de 3 persones per habitatge, s'ha de pensar que 900 persones representen una mica més de l'1% de la població resident.
Els requisits per a accedir al parc públic d'habitatges social a Andorra, que actualment han de complir els candidats, són els següents:
-.tots els membres majors d'edat del nucli familiar han de tenir més de 5 anys de residència legal permanent i ininterrompuda al principat (nota: en els últims 5 anys la població ha passat de 76.000 a 81.000 habitants, un augment del 6.6%)
-.s'ha de justificar la necessitat de l'habitatge: cap membre de la unitat familiar pot ser propietari d'un habitatge, a Andorra o a l'estranger, sigui en propietat absoluta o compartida al moment de sol·licitar l'accés al parc públic.
Aquest punt és de difícil comprovació per part de l'administració, ja que a Andorra no existeix Registre de la Propietat públic (aquest és un dels punts que corregeix la Llei Òmnibus) i disposar de dades en altres països no és tasca fàcil. Recordar que al Principat, dels 81.000 habitants, més de 50.000 són estrangers (principalment espanyols, portuguesos, francesos, argentins, …), per tant, no és difícil que disposin d'habitatge al seu país.
-.destinar actualment més del 30% dels seus ingressos al pagament de la renda en l'habitatge que viuen actualment; excepte: els menors de 35 anys que no disposin de contracte d'arrendament i que es vulguin emancipar del nucli familiar, les persones que estiguin en procés de separació legal i no continuïn en l'habitatge familiar, així com els qui lloguen habitacions o estiguin actualment acollides en una residència pública.
-.també computa tenir condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent i l'habitatge que s’usufructua se situï en un edifici que no compleix els requisits mínims vigents d'accessibilitat, i no sigui possible eliminar les barreres físiques arquitectòniques que dificulten el seu desplaçament.
-.tenir ingressos mínims anuals bruts superiors al salari mínim interprofessional vigent (17.367,96 €) i menors a 2,2 vegades el salari mínim (38.209,51 €), comptant tots els ingressos del nucli familiar. En cas de tenir 2 o més fills menors a càrrec, s'incrementa el topall màxim a 2,5 vegades l'SMI (43.419,99 €). Les persones majors de 65 anys, segons la seva situació en la seguretat social, queden exemptes de complir aquest requisit.
-.el patrimoni del nucli familiar no ha de sobrepassar la quantitat de 4 vegades l'SMI anual (69.471,84 €)
-.no tenir deutes amb l'administració pública
No obstant això, malgrat la dificultat real d'accés a l'habitatge, i a la relativa facilitat dels requisits, algunes promocions del parc públic, no troben ocupants, posant en crisis les operacions realitzades, així com les bases conceptuals que han impulsat (tardanament, cal dir-ho) les polítiques adoptades.
Hi ha diversos motius adduïts pels beneficiaris per a renunciar als pisos que els han adjudicat, des de la dificultat de transport (els habitatges no se situen en les parròquies centrals o baixes, amb la consegüent dificultat de desplaçament a l'hivern), a la falta d'equipament dels pisos (si bé es lliuren sense electrodomèstics o mobiliari complet de cuina, sí que compleixen la normativa d'habitabilitat mínima, similar a la de Catalunya), o el preu (els quals ronden dels 400 a 800 euros mensuals, si bé no són alts, per a una família monoparental amb fills i un salari mínim, poden arribar a ser preus difícils d'assumir). També juga en contra que actualment els contractes vigents de lloguer, signats des de l'any 2019, a causa de les mesures implementades en l'emergència COVID, tenen el preu congelat, les pujades anuals topades, i es prorroga la finalització del contracte fins a 2027 (quan la durada contractual normal és de 5 anys, similar a la LAU espanyola). El problema real s'espera justament aquest any, quan convergeixin rescissió de contractes, alliberament i actualització de preus i els habitatges promoguts assequibles no siguin suficients. Recordem que Andorra viu un procés de gentrificació, ja no sols urbà, si no a nivell país, i l’arribada de gent és constant.
Una de les raons per a renunciar que hem esmentat, se suposa (en renunciar no s'expliquen les raons exactes, o aquestes no s'han publicat) és el transport, el qual és fonamental en un país que, si bé compta amb un sistema de transport públic urbà i suburbà gratuït per als residents, aquest no cobreix de manera suficient els horaris nocturns, o els desplaçaments entre parròquies, havent-se prioritzat les rutes entre capital i parròquies, però no la comunicació entre les diferents parròquies, per la qual cosa s'entén és un dels esculls a salvar.
És emblemàtic el cas de l'edifici de Sant Joan de Caselles, situat a la Carretera General 2, que ja en dues oportunitats ha hagut de reobrir la crida a nous beneficiaris, perquè els qui resultaven adjudicataris, renunciaven una vegada analitzaven la situació i característiques de l'edifici i dels pisos.
A l'efecte de solucionar la falta de candidats, s'han anat rebaixant alguns dels requisits. La relativa falta d'èxit que han tingut els pisos assequibles, contrasta amb l'oferta real del mercat de lloguer: en els portals immobiliaris en aquesta segona setmana de juliol no trobem més 370 habitatges de lloguer en tot el Principat segons Idealista, o 270 unitats a Fotocasa, i a la capital no hi ha més de 60 habitatges disponibles per a llogar, i en canvi la població augmenta a un ritme de dos mil persones a l'any.
A la llarga, la principal perjudicada ha estat la Seu d'Urgell, a 30 minuts de la capital d'Andorra, declarada zona tensionada el 2023 per part de la Generalitat de Catalunya, en incrementar més d'un 30% el valor dels lloguers, a causa del constant transvasament d'inquilins residents a Andorra que no poden cobrir un lloguer que encara no ha tocat sostre.
Alejandro Suarez Ceretti, arquitecte. Corresponsal del COAC a Andorra. Juliol 2025
Identidad cultural y ciudad en el nuevo matadero de Oporto
Este proyecto visionario hecho por ODAA con Kengo Kuma consiste en la reconversión de un antiguo matadero industrial en Oporto en un dinámico centro cultural, social y comercial, destinado a revitalizar un espacio degradado y en desuso. La intervención que abarca un total de 22.000 metros cuadrados tiene como objetivo transformar este patrimonio arquitectónico industrial en un epicentro de actividad, donde la creatividad y la vida urbana se puedan unir de manera armónica. En toda esta transformación se respeta la integridad de las construcciones originales dándole un toque de equilibrio, tradición y modernidad.
En el proyecto hay el concepto de transculturalidad y el conocimiento donde los objetos artísticos son el mapa de la vida humana en el que el Museo de las Convergencias nos invitará a sumergirnos. El titular de la Colección Távora, Sequeira Pinto, refuerza la idea de «mejores museos, mejores personas, un mundo mejor». En el debate donde el Ejecutivo del gobierno aprobó por unanimidad el préstamo de la colección y la creación del Museo de las Convergencias en el espacio del antiguo Matadero Municipal, en Campanhã. Álvaro Sequeira Pinto, afirmó que «abrirá la colección a nuevos diálogos, la pondrá a disposición del público para su disfrute y servicio, y la presentará abiertamente al mundo y a la ciencia».
Cabe destacar que, hasta la fecha, la colección nunca se ha exhibido en su totalidad. Considerada, en el panorama nacional, como "única en su alcance e idiosincrasia", consta de 1.800 piezas de escultura, mobiliario, cartografía, dibujo, pintura, textiles, joyería y platería, porcelana y loza. La colección se centra especialmente en la expansión portuguesa del siglo XVII hacia Oriente, abarcando también otras áreas geográficas, como América, destacando también grupos de arte europeo antiguo, tardomedieval, primitivo y renacentista".
Álvaro Sequeira Pinto reconoce la naturaleza “principalmente emocional" del coleccionismo. Cree que el coleccionismo "se racionaliza con las ciencias que le dan consistencia y organización y que son fundamentales para él, especialmente en los espacios museísticos y públicos, cosa que ocurrirá con este paso fundacional del Museu das Convergências". Defendiendo la educación a través del arte, que es una de las funciones fundamentales de los museos, el coleccionista cree que el conjunto de piezas que se exhibirá en Matadouro ayudará a las personas a conocerse mejor a sí mismas. En palabras de Álvaro Sequeira Pinto, «desde Oporto, el Museo de la Convergencia será un museo de arte dedicado al estudio y la exhibición de bienes culturales y artísticos relacionados con los procesos de transculturalidad del arte y las historias del arte conectadas como resultado de la movilidad humana y la transferencia de conocimiento entre culturas». El Museo de la Convergencia abrirá sus puertas a principios de 2026, “es un museo con vocación global, que se centra en las transformaciones derivadas de los procesos de transferencia y circulación del arte, la cultura, el conocimiento y la ciencia, y su relevancia en la construcción del mundo moderno y en el contexto de las sociedades actuales», añade.
Durante el debate, el alcalde aseguró que no ha habido grandes retrasos en las obras, convencido de que Mota Engil cumplirá con las expectativas y que la parte del inmueble que gestionará el ayuntamiento se entregará en breve. El programa de intervención para el antiguo matadero prevé la reconversión completa del complejo industrial, preservando su memoria histórica y su carácter arquitectónico. Se conservarán los 11 edificios independientes, y la conexión entre los espacios interiores y exteriores de las oficinas se realizará mediante zonas ajardinadas. En total, de los 26.000 metros cuadrados del terreno, el proyecto mantendrá unos 20.500 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente el 60 % (12.500) se destinarán a locales comerciales y el 40 % (casi 8.000) serán gestionados por el Ayuntamiento de Oporto.
El área gestionada por Mota-Engil albergará principalmente oficinas y una zona de restaurante y cafetería. «Tenemos numerosas empresas interesadas y numerosos inquilinos potenciales», declaró Carlos Mota Santos, presidente de la constructora. Las oficinas tendrán capacidad para entre 1200 y 1600 personas al día.
La complejidad urbanística de la ciudad de Oporto tiene delante un gran reto que busca el equilibrio entre la parte del litoral y la del interior, entre occidente y oriente. El proyecto no solo revitaliza un espacio en desuso, sino que también establece un diálogo entre el pasado industrial de Oporto y su futuro creativo y cultural. Una nueva puerta en la ciudad está para nacer.
Alberto Collet, arquitecto corresponsal de porto, Portugal. Juliol 2025
Identitat cultural i ciutat al nou escorxador de Porto
Aquest projecte visionari fet per ODAA amb Kengo Kuma consisteix en la reconversió d'un antic escorxador industrial a Porto en un dinàmic centre cultural, social i comercial, destinat a revitalitzar un espai degradat i en desús. La intervenció que abasta un total de 22.000 metres quadrats té com a objectiu transformar aquest patrimoni arquitectònic industrial en un epicentre d’activitat, on la creativitat i la vida urbana es puguin unir de manera harmònica. En tota aquesta transformació es respecta la integritat de les construccions originals donant-li un toc d’equilibri, tradició i modernitat.
Al projecte hi ha el concepte de transculturalitat i el coneixement on els objectes artístics són el mapa de la vida humana dins el qual el Museu de les Convergències ens convidarà a submergir-nos. El titular de la Col·lecció Távora, Sequeira Pinto, reforça la idea de «millors museus, millors persones, un món millor».
En el debat on l'Executiu del govern va aprovar per unanimitat el préstec de la col·lecció i la creació del Museu de les Convergències a l'espai de l'antic Escorxador Municipal, a Campanhã. Álvaro Sequeira Pinto, va afirmar que «obrirà la col·lecció a nous diàlegs, la posarà a disposició del públic per al seu gaudi i servei, i la presentarà obertament al món i la ciència».
Cal destacar que, fins ara, la col·lecció mai no s'ha exhibit en la seva totalitat. Considerada, al panorama nacional, com a "única en el seu abast i idiosincràsia", consta de 1.800 peces d'escultura, mobiliari, cartografia, dibuix, pintura, tèxtils, joieria i argenteria, porcellana i pisa. La col·lecció se centra especialment en l'expansió portuguesa del segle XVII cap a l'Orient, abastant també altres àrees geogràfiques, com Amèrica, destacant també grups d'art europeu antic, tardo medieval, primitiu i renaixentista”.
Álvaro Sequeira Pinto reconeix la naturalesa “principalment emocional” del col·leccionisme. Creu que el col·leccionisme "es racionalitza amb les ciències que li donen consistència i organització i que són fonamentals per a ell, especialment en els espais museístics i públics, cosa que passarà amb aquest pas fundacional del Museu das Convergências". Defensant l'educació a través de l'art, que és una de les funcions fonamentals dels museus, el col·leccionista creu que el conjunt de peces que s'exhibirà a Matadouro ajudarà les persones a conèixer-se millor a elles mateixes. En paraules d'Álvaro Sequeira Pinto, "des de Porto, el Museu de la Convergència serà un museu d'art dedicat a l'estudi i l'exhibició de béns culturals i artístics relacionats amb els processos de transculturalitat de l'art i les històries de l'art connectades com a resultat de la mobilitat humana i la transferència de coneixement entre cultures". El Museu de la Convergència obrirà les portes a principis del 2026, “és un museu amb vocació global, que se centra en les transformacions derivades dels processos de transferència i circulació de l'art, la cultura, el coneixement i la ciència, i la seva rellevància en la construcció del món modern i en el context de les societats actuals”, afegeix.
Durant el debat, l'alcalde va assegurar que no hi ha hagut grans retards a les obres, convençut que Mota Engil complirà amb les expectatives i que la part de l'immoble que gestionarà l'ajuntament s'entregarà ben aviat.
El programa d'intervenció per a l'antic escorxador preveu la reconversió completa del complex industrial, preservant-ne la memòria històrica i el caràcter arquitectònic. Es conservaran els 11 edificis independents, i la connexió entre els espais interiors i exteriors de les oficines es farà mitjançant zones enjardinades. En total, dels 26.000 metres quadrats del terreny, el projecte mantindrà uns 20.500 metres quadrats, dels quals aproximadament el 60% (12.500) es destinaran a locals comercials i el 40% (gairebé 8.000) seran gestionats per l'Ajuntament de Porto.
L'àrea gestionada per Mota-Engil acollirà principalment oficines i una zona de restaurant i cafeteria. «Tenim nombroses empreses interessades i nombrosos llogaters potencials», va declarar Carlos Mota Santos, president de la constructora. Les oficines tindran capacitat per a entre 1200 i 1600 persones al dia.
La complexitat urbanística de la ciutat de Porto té davant un gran repte que cerca l'equilibri entre la part del litoral i la de l'interior, entre occident i orient. El projecte no només revitalitza un espai en desús, sinó que també estableix un diàleg entre el passat industrial de Porto i el seu futur creatiu i cultural. Una nova porta a la ciutat està per néixer.
Alberto Collet, arquitecte corresponsal de porto, Portugal. Juliol 2025