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Las licencias urbanísticas y el silencio administrativo

Cuando solicitamos alguna cosa a la Administración Pública, se puede dar el caso que ésta no responda en el plazo que le fijan las leyes para hacerlo. Cuando ha transcurrido este plazo, la falta de respuesta por parte de la Administración tendrá unos determinados efectos jurídicos. Dependiendo de lo que hayamos pedido, y de qué Administración deba actuar, nos podremos encontrar con que la falta de respuesta equivalga a una denegación o a una concesión de lo que hemos solicitado; esto es el silencio administrativo.

El silencio administrativo positivo, al no pronunciarse la Administración, da lugar al nacimiento de un derecho, ya que se entiende concedido lo que se ha solicitado. En cambio, el silencio administrativo negativo, cuando la Administración no se ha pronunciado dentro de un determinado plazo sobre una solicitud, tiene efecto desestimatorio, y equivale a una denegación.

Las leyes que rigen cada tipo de procedimiento son las que fijan tanto el plazo en el cual la Administración debería resolver nuestra petición, como el carácter positivo o negativo de la falta de resolución dentro del plazo establecido. Las administraciones están obligadas a informar a los administrados de estos puntos, y normalmente esta información se puede encontrar en los catálogos de trámites que publican en sus webs.

El silencio administrativo en las licencias urbanísticas
Hasta hace poco, el silencio administrativo en el caso de las licencias urbanísticas era positivo. Esto llevaba al hecho de que, si transcurría el plazo para que la Administración contestara una solicitud de licencia sin que se hubiera pronunciado, ésta se entendía otorgada, siempre que el proyecto no afectara al dominio público, o fuera contrario al planeamiento o a las leyes.

Actualmente, el silencio administrativo en el caso de las licencias urbanísticas es negativo, pues el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, introdujo el cambio de sentido del silencio administrativo. Esto supone un alivio para muchos ayuntamientos que veían cómo la incapacidad de resolución y el transcurso de los plazos permitían la obtención de licencias por esta vía. En la práctica, da más seguridad a la Administración, pero salen perdiendo los promotores y otros agentes del proceso de edificación, al haber de sufrir el retraso de la Administración, con las consecuencias económicas que puede suponer.

Cómo acreditar una situación de silencio administrativo
La forma es solicitar un certificado acreditativo del silencio, que debe expedir la Administración, y en un plazo de 15 días, que se cuentan desde que finalizó el plazo máximo de resolución.

Transcurrido el plazo y obtenido el correspondiente certificado de silencio administrativo, el interesado puede considerar concedida la solicitud y ejecutar lo que se proponía hacer. Si es silencio administrativo negativo, debe entender que se le deniega la petición, así que podrá dirigirse a la jurisdicción contenciosa en defensa de sus derechos en el plazo de dos meses desde la certificación.

· Para más información, clica aquí.

Finalmente, recordamos que la Asesoría Jurídica del COAC está a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que deseéis efectuar.


17/07/2017
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