El próximo domingo 10 de febrero 2019 el pueblo suizo debe votar sobre una iniciativa legislativa para inscribir en la constitución una ley que no permita la creación de nuevas superficies construibles.

¿Qué se considera crecimiento urbano desordenado? La iniciativa considera que en suiza desde 1985, hay 584 Km² de superficie de territorio que han acogido nuevos edificios, este crecimiento supone un aumento del tráfico de vehículos, nuevas construcciones de infraestructuras viarias y en consecuencia la degradación del suelo y el territorio.

Se considera que el conjunto del territorio suizo, en los últimos veinte y cuatro años ha perdido 850 km² de tierras cultivables. El conjunto de las superficies construibles ha aumentado el 44% entre 1985 y 2009, pero su población sólo ha aumentado un 17%, así pues, la superficie construible ha aumentado más del doble que la población. Evidentemente estas superficies engloban la construcción de edificios de uso administrativo, equipamientos públicos, infraestructuras, etc., necesarias para el desarrollo de la población y el crecimiento económico, pero también, debido a la construcción de vivienda de baja densidad, por tanto, muy afectada por la manera de utilizar el territorio. El nivel de crecimiento urbano desordenado, no se determina únicamente mediante la ordenación del territorio, sino a través también del reparto de los habitantes en este territorio, como más distancia entre construcciones, más crecimiento descontrolado, más infraestructuras necesarias, más tráfico urbano y, en consecuencia, menos densidad urbana. La movilidad necesaria para el funcionamiento del crecimiento mediante la construcción de infraestructuras viarias y ferroviarias provoca la construcción de superficies y reservas naturales, así como la fragmentación del territorio. El mayor de los problemas es la falta de densidad urbana del territorio que implica la constante recalificación de suelo, hoy en día dos terceras partes del parque inmobiliario suizo en zonas construibles están ocupadas por construcciones de muy baja densidad, con alturas de planta baja y un piso (PB + 1), así pues, el potencial de utilización de suelo doméstico está incorrectamente explotado.

La influencia de la construcción fuera de las zonas construibles es importante, hoy en día un 22% de las construcciones del país se encuentran en territorios agrícolas, pero sólo el 48% de la población que las ocupa, se dedica a la agricultura o ganadería. Así pues, el 40% tienen funciones terciarias y el resto a otras funciones, esto demuestra que la mayoría de los edificios fuera de zonas constructivas han sido planificadas incorrectamente, estas construcciones suelen ser edificios industriales, equipamientos hoteleros, deportivos, infraestructuras públicas, académicas, etc., que necesitan gran número de infraestructuras de comunicación viaria, así como servicios de agua, electricidad y telecomunicación, para su desarrollo y funcionamiento.

Sin embargo, la iniciativa tiene la desaprobación del gobierno y del parlamento y queda a la espera de la ratificación del pueblo, ya que presenta dos puntos difícilmente aplicables. La nueva ley plantea la compensación de las nuevas zonas construibles por la descalificación de otras zonas construibles existentes, forzando así la densificación de la zona construible y la zona descalificada obtendría categoría agrícola. El segundo punto es la imposibilidad de construir en zonas agrícolas, construcciones que no van ligadas al desarrollo agrícola, limitando así el crecimiento de las infraestructuras.

Estos dos últimos puntos mencionados con anterioridad suponen un problema para el crecimiento industrial y en consecuencia económico del conjunto del territorio, ya que gran número de infraestructuras y servicios, como hospitales, escuelas, institutos, centros comerciales o universidades están construidos sobre terrenos no construibles, ya que son grandes consumidores de suelo y se desarrollan a su alrededor gran número de infraestructuras. La ubicación de estos, en zonas construibles existentes, supondrían una disminución de las superficies dedicadas a la vivienda y por tanto una presión sobre el mercado inmobiliario, fuertemente especulativo ya en el conjunto de las zonas urbanas del país. Otros puntos difíciles de aplicar son: la percepción de la población sobre los núcleos urbanos y si toda la población tiene que vivir en zonas urbanas, si existe la libertad a la propiedad privada individual y no colectiva, si uno puede decidir dónde vivir y cómo quiere vivir. ¿Cuál es la densidad máxima y admisible en las ciudades? ¿Qué altura máxima deben tener los edificios? ¿Es posible integrar edificios de gran altura en el territorio? ¿Cuál es la densidad del territorio? ¿Cómo queremos ordenar nuestro territorio? Mientras el imaginario colectivo entiende que la preservación del territorio es necesaria y que la única solución es la densidad, a día de hoy todavía cuesta hacer entender a los propietarios que sus barrios de casas, la ciudad-jardín, devendrán con la ley, un barrio de ciudad con fuerte densidad o que quien decide vivir en zonas agrícolas sin dedicarse a la agricultura tendrá que vivir en zonas urbanas y ciudades.

Gabriel Sibils, arquitecto. Corresponsal del COAC en Lausana, Suiza. Febrer 2019